El gobierno sueco se esconde de su responsabilidad en el escándalo de tóxicos.
Hace más de 35 años que 20.000 toneladas de desechos mineros tóxicos de la central Rönnskärsverken en Suecia están creando daños de salud y medioambiente en la ciudad de Arica en el norte de Chile. Al enviar ahí los desechos en 1984-85, Boliden pudo saltarse las regulaciones ambientales suecas más estrictas y también deshacerse de un costoso problema ambiental doméstico. En cambio, Boliden ocasionó un grave problema medioambiental que aún persiste en Arica. El Estado Sueco sabía del traslado, pero no hizo nada para detenerlo.
La responsabilidad de Boliden por los daños en Arica fueron en 2013-2019 objeto de un extenso proceso judicial, la sociedad Arica Victims representando a los afectados versus Boliden Mineral. En el juicio, Arica Victims llevaba la causa de exigir reparaciones para aproximadamente 800 personas contra Boliden por daños causados por los desechos (yo era uno de los tres representantes legales de Arica Victims). La reponsabilidad y negligencia de Boliden sin embargo no pudo probarse de forma definitiva ya que la corte suprema consideró que las solicitudes de reparaciones estaban prescritas. Pero aunque Arica Victims hubiese ganado el proceso judicial contra Boliden, los desechos hubieran permanecido en Arica con todos los riesgos que eso implica (según el sitio Environmental Justice Atlas más de 10.000 personas han sido afectadas directa o indirectamente por los desechos).
Mientras que la responsabilidad de Boliden ha tenido gran atención, en parte por los documentales ”Toxic Playground”, de 2009, y ”Arica”, con estreno en Suecia en marzo, la responsabilidad del Estado sueco ha quedado en la sombra. Es determinante para la responsabilidad del Estado por un lado lo que se le exigía a Suecia al momento de la exportación de los desechos, y por otro lado lo que Suecia ha hecho o dejado de hacer. Las reglas y normas que eran válidas al momento de los transportes de desechos de Boliden le ponían exigencias claras a Suecia.
En primer lugar aplicaba entonces, tal como hoy, la regla fundamental de derecho internacional de que los Estados deben velar porque las actividades que están sujetas a la aplicación de sus leyes y control no ocasionen daños en el medioambiente de otros países. En segundo lugar la OCDE, donde Suecia es miembro, en febrero de 1984 – o sea antes que se realizaran los transportes – había decidido sobre ”Principios para traslados a través de fronteras de desechos peligrosos”. Según los principios de la OCDE los países miembros iban a exigir que las empresas no realizaran transportes de desechos que no cumplieran con la legislación vigente. Además iban a exigir que las empresas asumieran la responsabilidad del manejo de desechos, si fuese necesario al volver a importar los desechos, en caso que no se contara con almacenamiento o reciclaje seguro en el país receptor. Los principios de la OCDE se desarrollaron más en la convención de Basilea de 1989, de la cual Suecia es parte.
El Estado sueco en ningún momento ha actuado de acuerdo a estos principios en cuanto a los desechos en Arica.
Boliden no solicitó ni obtuvo autorización para trasladar los desechos a Chile, pero está bien documentado que la agencia de medio ambiente sueco Naturvårdsverket sabía de la exportación mientras transcurría. Naturvårdsverket consideraba a la central Rönnskärsverken como la mayor y más problemática fuente de contaminación en Suecia durante los años 70 y 80 y sabía cuán peligrosos eran los desechos. Aún así Naturvårdsverket no hizo nada para prevenir que los desechos se transportaran fuera de Suecia hasta Chile. Debemos recordar que Chile en ese tiempo estaba controlado por la junta militar de Pinochet. Naturvårdsverket tampoco realizó un control de seguimiento de los desechos directamente después de la exportación o cuando la noticia de los daños de salud en Arica tuvo gran atención de los medios suecos a fines de la década del 90.
Por casi 15 años los desechos mineros estuvieron vertidos a la intemperie aI lado de poblaciones a las afueras de Arica, luego se trasladaron a un centro de acopio ”provisiorio” a unos cientos de metros de las áreas residenciales. Ahí están todavía, prácticamente desprotegidos bajo la superficie y arriesgando ocasionar más daños.
Ya que el Estado sueco ha sido pasivo durante todos estos años, violando los principios descritos de derecho internacional, se justifica ahora exigir que el gobierno se involucre.
Es precisamente lo que están haciendo los habitantes de Arica. Por muchos años han exigido que Boliden contribuya a reparar los daños y ahora también exigen que Suecia trabaje para retirar los desechos. Por ejemplo, 2.700 habitantes le han escrito a la embajada sueca en Chile, que han prometido responder.
Yo paralelamente desde hace casi un año he estado en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente sueco para discutir la responsabilidad del Estado sueco de retirar los desechos de Arica. También me he reunido con el embajador de Chile para conocer la posición chilena. En los contactos con el Ministerio de Medio Ambiente, y más tarde también con el Ministerio del Exterior, he expuesto que el gobierno debe tomar iniciativa para junto a Chile, y también Boliden, trasladar los desechos desde Arica. Lo mejor sería que los desechos de Boliden, de acuerdo con la decisión de la OCDE y la Convención de Basilea, se lleven de vuelta a Suecia y a la instalación para almacenamiento final de desechos mineros peligrosos que Boliden ha construido en la central Rönnskärsverken. Ahí los desechos serían almacenados en cavidades rocosas a unos cientos de metros de profundidad, con estrictas exigencias de seguridad, en vez de estar en la superficie.
Los ariqueños han esperado por más de un año la respuesta de la embajada sueca en Chile, pero no han recibido nada. En cambio yo recibí a mediados de enero respuesta a través de la secretaria de Estado del Ministerio de Medio Ambiente, Gunvor Ericson, y del secretario de gabinete Robert Rydberg del Ministerio del Exterior, que dice que ”no hay necesidad” de discutir la cuestión o contactar al embajador de Chile al respecto. La respuesta de gobierno no solo es desmotivadora, también está formulada de forma extraña. La razón por la cual el gobierno no necesita discutir la cuestión es según Ericson y Rydberg que el tribunal en el proceso judicial contra Boliden consideró que las solicitudes de reparaciones estaban prescritas. Pero no existe tal conexión entre el proceso judicial y la responsabilidad del gobierno. Para empezar, no existe una regla de prescripción equivalente en el derecho internacional, y la responsabilidad de Suecia no está prescrita. Para seguir, la responsabilidad del gobierno no tiene que ver con las demandas de reparaciones que Arica Victims presentó contra Boliden, sino que prevenir futuros daños de salud y medioambiente en Arica.
La respuesta del gobierno lamentablemente queda como una manera cómoda, pero falta de compromiso, de intentar escapar de la responsabilidad. La responsabilidad internacional de Suecia lógicamente no se ve afectada por cuáles partidos están conformando el gobierno de turno. Aún así es particularmente notorio que un gobierno con los Socialdemócratas y el Partido Verde, quienes hablan fuertemente de solidaridad internacional y un compromiso ambiental, ni siquiera consideran que haya “necesidad” de discutir la cuestión o contactar al embajador de Chile para encontrar una solución sostenible.
Es difícil sobrestimar los efectos de salud producto de los tóxicos que Boliden envió a Arica. Personas, sin poder protegerse, se han expuesto a niveles altísimos de arsénico, plomo y mercurio. Los ariqueños necesitan ayuda para resolver la multitud de problemas que los desechos de Boliden les han causado. Tanto Boliden como el gobierno sueco pueden mostrar un buen ejemplo a nivel internacional y actuar más constructivamente que hasta ahora al apoyar a los afectados y al gobierno chileno para reducir los daños y retirar los desechos.
Jonas Ebbesson
Catedrático en derecho medioambiental, Universidad de Estocolmo